A Cuba note caratteristiche al presatore di opera a fine rapporto di lavoro

Davvero insuale e immaginatevi quante truffe e contraffazioni



Las empresas estatales vuelven a entregar a los trabajadores sus expedientes al término de la relación laboral, una medida que fracasó en el pasado.

El resquebrajamiento de valores patente en nuestra sociedad no es un fenómeno que se haya circunscrito a determinadas esferas. Es difícil hallar un resquicio que esté a salvo de semejante anomalía. En ese contexto, ¿qué tribulaciones han experimentado los expedientes laborales de los trabajadores del sector estatal?

Durante muchos años, fueron los propios trabajadores los encargados de custodiar sus expedientes una vez que causaban baja de un centro laboral. Es decir, que las administraciones hacían las anotaciones finales en los expedientes, daban por concluido el vínculo laboral, y ahí terminaban sus responsabilidades con el valioso documento. Al acceder a otro centro de trabajo, el empleado ponía su expediente en manos de los nuevos empleadores para que lo protegieran y lo mantuviesen actualizado.

Ese lapso en el que el trabajador tenía en sus manos el expediente, era aprovechado por algunos para consultar las anotaciones y documentos que lo formaban. En especial era de mucho interés comprobar la veracidad de lo anotado en el modelo SNC-2-25, que a partir de 1980 oficia como la única certificación válida sobre años trabajados e ingresos obtenidos. Se trata, evidentemente, de un documento imprescindible cuando llega el momento de la jubilación.

Sin embargo, era igualmente una oportunidad que tenían ciertos pillos para adecuar los expedientes a su conveniencia. Si había alguna sanción, era extraído el documento que la reflejaba. También se añadían documentos falsos, como certificados médicos inventados, apócrifas constancias de estudios terminados, o títulos comprados que permitieran ocupar plazas laborales mejor remuneradas.

Tanto era el desorden, que hacia el año 2005 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social orientó establecer el traslado institucional de los expedientes laborales. O sea, que al término de cada relación laboral, el trabajador no recibía su expediente, sino que quedaba en poder de sus antiguos empleadores, y era responsabilidad de su nuevo centro laboral —en el caso de que hubiera una nueva ubicación— la recogida de dicho documento. La medida, sin dudas, redujo la comisión de delitos relacionados con la falsificación de expedientes, pero pronto iba a atentar contra la racionalidad económica de muchas empresas y entidades.

De inmediato apareció la figura del Tramitador de Expedientes Laborales, un empleado que hubo que agregar a las plantillas —ya de por sí infladas— con el objetivo de recoger los expedientes de los nuevos trabajadores. En ocasiones, la distancia a recorrer por el Tramitador era considerable, por lo que debía ser trasladado en vehículos de la entidad, con el consiguiente gasto de combustible y el deterioro de los medios de transporte. Por otra parte, la excesiva concentración de expedientes en las oficinas de empresas y entidades, muchas veces manipulados por un personal inexperto o negligente, propició que se extraviaran documentos importantes, como los modelos SNC-2-25, e incluso hasta los propios expedientes.

El 'reformador' Marino Murillo contra la contralora general

Así las cosas, llegó el mandato de Raúl Castro y la implementación de cambios para la actualización del modelo económico. Entre las decisiones tomadas se incluyó el intento de alcanzar la eficiencia en el hoy anquilosado sistema empresarial. Y en ese bregar debe de haber resaltado el engranaje burocrático y despilfarrador que se había desarrollado en torno a la custodia de los expedientes de aquellos trabajadores que ya no formaban parte de esos colectivos laborales.

En consecuencia, es de imaginar que, de los altos mandos del Gobierno, le hayan "aconsejado" a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que sus afiliados aprobaran modificar el trámite del traslado de los expedientes. Así, en el Anteproyecto al Código de Trabajo, que debe ser aprobado a finales del actual 2013, se incluyen dos modificaciones que se relacionan con el tema que hemos tratado.

La modificación número dos recoge que "se suprime el trámite del traslado institucional del expediente laboral a la terminación de la relación de trabajo, y establece su entrega al trabajador para su custodia". Por su parte, la modificación 10 apunta que "se adiciona como violación de la disciplina del trabajo: modificar el expediente laboral, o aportar documentos carentes de autenticidad para mediante engaño obtener beneficios laborales o de seguridad social".

Es decir, que se vuelve al antiguo sistema de entrega del expediente al trabajador que resulte baja de un centro laboral, para que lo conserve hasta tanto acceda a otro empleo, o lo retenga indefinidamente si no vuelve a emplearse.

Esta parece ser una pequeña victoria de las huestes del reformador Marino Murillo. Sin embargo, no dudamos que le aporta un nuevo dolor de cabeza a la tropa de la contralora general Gladys Bejerano. Porque a los controles y auditorías para detectar malversaciones, robos y faltantes de todo tipo, tendrán en lo adelante que sumar las irregularidades que seguramente aparecerán en los expedientes laborales.